El gremio de barberos en el país ha alzado su voz en rechazo a las nuevas restricciones que prohíben el funcionamiento de las barberías después de la medianoche, una medida que ha encendido el debate entre trabajadores del sector y las autoridades.
Brayan Stylo, barbero y propietario de su propio negocio desde hace más de cuatro años, ha liderado públicamente la protesta. A través de entrevistas en medios de comunicación, Stylo ha canalizado el sentir de cientos de colegas que ven en esta regulación una amenaza directa a su sustento y al reconocimiento de su oficio.
La polémica surgió luego de que el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, afirmara que las barberías no estaban autorizadas a operar más allá de las 12:00 a.m. Sin embargo, poco después, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, trató de matizar la situación, asegurando que todo se trató de un malentendido.
Pese a la aclaración, la controversia no se apagó. En distintas localidades urbanas y suburbanas, barberos han denunciado que las restricciones impactan directamente en su dinámica laboral, pues muchos de sus clientes acuden en horarios nocturnos debido a compromisos laborales o familiares durante el día.
Para estos trabajadores, limitar sus horarios representa un golpe no solo económico, sino también simbólico, pues sienten que su profesión —ejercida, dicen, con ética y responsabilidad— está siendo subestimada. “Nuestra labor es seria, digna, y no causamos disturbios. Solo queremos trabajar en paz”, insistió Brayan Stylo durante una intervención televisiva, donde criticó además que las decisiones se hayan tomado sin consulta previa al sector.
El conflicto refleja un choque más amplio entre políticas de seguridad pública y la realidad del sector informal, donde miles de dominicanos dependen de jornadas flexibles para sobrevivir. Los barberos han solicitado al Estado una revisión de la normativa, reclamando un diálogo abierto que contemple sus necesidades y las dinámicas sociales que rigen sus servicios.
La discusión sigue abierta, mientras crece la presión para que las autoridades ajusten las medidas, respetando los derechos de quienes ven en su oficio no solo una fuente de ingresos, sino también un pilar de su identidad comunitaria.
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